En Venezuela se ha presentado una problemática con los desalojos ya que a través del decreto presidencial N° 8190 se deben cumplir con extensos procedimientos para que se ejecute el mismo.

En nuestra opinión la Ley de Desalojos no se apega a los derechos de protección a la propiedad privada establecidos específicamente en el artículo 115 de la Constitución Nacional; debido a que protege de una manera excesiva a los inquilinos o arrendatarios y por consiguiente perjudica a los propietarios arrendadores ya que no pueden disponer del inmueble y, por lo tanto, no tendrían el uso, gozo, disfrute y disposición de este.